Los administradores de fincas, que administran y gestionan el 80% del parque de viviendas que hay en España, ven con cierto recelo el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, promovida desde el Ministerio de Economía.
La propuesta legal reserva la colegiación para las profesiones relacionadas con la salvaguarda de intereses generales como la protección del medioambiente y del entorno urbano, la protección de la salud y la seguridad física y jurídica de los consumidores y usuarios. En los demás casos, liberaliza la actividad.
La liberalización, en opinión de los colegiados, pone en riesgo la seguridad que suponen las exigencias con las que trabajan los colegiados.
La Ley de Propiedad Horizontal ya prevé que cualquier propietario, por el hecho de serlo y sin tener cualificación suficiente, puede ejercer como administrador. En cambio, si el cargo lo ejerce una persona, física o jurídica, ajena a la comunidad, sí debe contar con la acreditada cualificación profesional.
Publicado en El Pais día 16-09-2014